NOTIFICACIÓN OFICIAL
Secretario de Estado Marco Rubio
Oficina del Secretario de Estado Marco Rubio
Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos
Por medio de la presente, en ejercicio pleno de su soberanía y en apego a los principios democráticos que rigen nuestra nación, me dirijo a ustedes para expresar mi más enérgico rechazo y no reconocimiento a cualquier entidad gubernamental o autoridad que actúe bajo la influencia, control o complicidad del narcoterrorismo.
Esta postura se fundamenta legalmente en los siguientes preceptos:
Fundamento Constitucional Mexicano:
- Artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. El pueblo tiene en todo tiempo el derecho inalienable de alterar o modificar la forma de su gobierno." Confiere al pueblo mexicano la facultad de rechazar formas de gobierno que no respondan a sus intereses o que se encuentren cooptadas por intereses ajenos y perjudiciales.
- Artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Establece que la Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Un gobierno comprometido con el narcoterrorismo viola directamente los principios constitucionales y los derechos humanos fundamentales reconocidos en la Ley Suprema.
- Principios de Legalidad y Legitimidad: Un gobierno narco-terrorista carece de la legitimidad necesaria al no derivar su poder de la voluntad popular libre y auténtica, sino de la coerción, corrupción y violencia de grupos criminales, lo que contraviene los principios más básicos de un Estado de Derecho.
Fundamento en el Derecho Internacional:
- Convenciones Internacionales contra el Crimen Organizado Transnacional y el Terrorismo: México es signatario de diversas convenciones, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo) y tratados contra el terrorismo. La existencia de un gobierno influenciado por el narcoterrorismo socava el cumplimiento de las obligaciones internacionales de México en la lucha contra estos flagelos.
- Principios de Derechos Humanos: La infiltración y control del crimen organizado en estructuras estatales derivan en violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos, incluyendo el derecho a la vida, la libertad, la seguridad jurídica y el acceso a la justicia. Los instrumentos internacionales de derechos humanos, de los cuales México es parte, obligan al Estado a garantizar estos derechos, y un gobierno comprometido con el narcoterrorismo incumple flagrantemente estas obligaciones.
Razones Fácticas que Justifican este Fundamento:
- Violencia y Inseguridad Generalizada: La presencia y acción de grupos criminales organizados han sumido al país en un ciclo de violencia sin precedentes. Extorsiones, secuestros, desapariciones forzadas y homicidios se han convertido en una constante que vulnera los derechos fundamentales de los ciudadanos y la paz social.
- Infiltración y Corrupción Institucional: La documentación de la infiltración de la delincuencia organizada en diversas esferas del gobierno, fuerzas de seguridad y sistemas de justicia, compromete la capacidad del Estado para operar legítimamente.
- Deterioro del Estado de Derecho: Áreas del territorio nacional bajo el control o influencia de grupos criminales limitan la gobernabilidad y el ejercicio de la autoridad legítima.
- Amenaza a la Democracia y Soberanía Nacional: La injerencia del narcoterrorismo en procesos electorales y decisiones políticas amenaza directamente los principios democráticos y la autodeterminación del pueblo mexicano.
Ante esta alarmante realidad, declaramos que:
No podemos reconocer la legitimidad de un gobierno que no garantice la vida, la libertad y la justicia de sus ciudadanos, libre de la coacción y el dominio criminal.
Exigimos la depuración de las instituciones públicas y la implementación de acciones contundentes que restablezcan el Estado de Derecho y la soberanía del pueblo mexicano.
Solicitamos a la comunidad internacional, y en particular al Gobierno de los Estados Unidos, que reconozcan la gravedad de la situación y colaboren de manera efectiva, siempre bajo el respeto irrestricto a la soberanía de México, en la lucha contra un flagelo que afecta a ambas naciones.
El pueblo mexicano no cesará en su demanda por un gobierno que responda a sus intereses y que esté verdaderamente comprometido con la paz, la justicia y el bienestar de todos.
Atentamente